Según la Real Academia Española “derecho” es: “Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva”. Por lo tanto, si nos basamos en ésta definición, la Ley de Comunicación no puede ser catalogada como mordaza. “Pues simplemente se ha vuelto un bien social, como tal, no puede estar sujeta al capricho de nadie”. Es así como el editorial de “El Telégrafo” publicó el 22 de Septiembre defendiendo su tendencia gobiernista. Tendencia que sin embargo, propone un proyecto de ley que, a criterio de muchos, resulta en una inaceptable visión intenvencionista del Estado que se dirige al control de la comunicación.
Paralelamente, El Comercio, abanderado de la derecha, presentó el 10 de Mayo un editorial de Alexsa Rodríguez Muñoz, el cual demanda: “En una sociedad democrática no se puede amordazar a la prensa, pues somos los ciudadanos los que debemos decidir a quién queremos creer, en eso consiste el libre albedrío, que los asambleístas tienen que hacer respetar.” Declaración que plantea que una ley como la que propone el partido del Gobierno pretende entregar al Estado y al Gobierno de turno un derecho fundamental que corresponde a los ciudadanos.
Sí hacemos una comparación entre ésta fuente y la RAE, como fuente imparcial, según lo expresado vivimos en una sociedad democrática, por lo tanto de derecho, así se estaría rompiendo totalmente con la definición desde el inicio pues la prensa no quiere estar “amordazada”, al conjunto de principios y normas que necesita un estado de derecho. El derecho a expresarse con libertad es, sin duda, el bien más preciado que el ser humano posee después del derecho a la vida. Es así que la libertad de expresión tiene y debe estar reglamentada, para considérarla derecho. Por mi parte, me quedo con la definición de la Real Academia Española.
Alejandro Chiriboga.
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